En las últimas décadas, la alta velocidad ferroviaria se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política de infraestructuras en España, presentada de forma casi incuestionable como sinónimo de progreso, modernidad y cohesión territorial. Sin embargo, un análisis mínimamente riguroso de su relación coste-beneficio obliga a matizar seriamente este relato, especialmente cuando es utilizado como un mantra por nuestra casta política. Si se observan los datos de operación y mantenimiento, así como las mejoras reales de tiempo obtenidas en los corredores más representativos, emerge una paradoja difícil de justificar desde el punto de vista económico y social: se realizan inversiones y se asumen costes de mantenimiento extraordinariamente elevados para obtener ahorros de tiempo que, aunque perceptibles, resultan relativamente modestos en proporción al esfuerzo financiero desplegado. El AVE ofrece un ejemplo paradigmático de cómo la obsesión por la velocidad máxima y el marketing político puede conducir a políticas públicas desequilibradas, donde el aumento de costes crece mucho más rápido que los beneficios reales para la mayoría de los usuarios.
Tomemos como referencia el corredor Madrid–Sevilla, con una distancia aproximada de 390 kilómetros. Utilizando valores medios realistas, el AVE circula en España a una velocidad comercial cercana a los 222 km/h, mientras que un tren convencional de larga distancia puede alcanzar de media unos 140 km/h. La diferencia de tiempo resultante es de aproximadamente 60 minutos. El AVE completaría el trayecto en alrededor de una hora y cuarenta y seis minutos, frente a las casi dos horas y cuarenta y siete minutos de un servicio convencional equivalente. Este ahorro de una hora puede parecer significativo en términos absolutos, pero pierde fuerza cuando se analiza en relación con los costes que implica. No se trata de duplicar la velocidad ni de reducir el tiempo a la mitad, sino de una mejora del orden del 36%, lograda a costa de infraestructuras mucho más complejas, rígidas y costosas. La comparación de los costes de mantenimiento de la vía refuerza esta desproporción. Para un corredor de 390 kilómetros, el mantenimiento anual de una línea de alta velocidad se sitúa en torno a los 42,9 millones de euros, frente a los aproximadamente 15,6 millones que requeriría una línea convencional. Es decir, la alta velocidad supone un gasto casi tres veces superior para obtener una mejora temporal que no alcanza ni el doble del rendimiento. Este desequilibrio es crucial: gastar más del doble de recursos no implica ahorrar el doble de tiempo, lo que pone en cuestión la eficiencia económica del modelo. Además, estos costes de mantenimiento son estructurales y permanentes, se repiten año tras año y se suman a los enormes desembolsos iniciales de construcción, que en el caso del AVE se cuentan en decenas de millones de euros por kilómetro. En este ejemplo, tras cuatro años sin AVE hubiéramos ahorrado dinero suficiente para la construcción de un moderno hospital. Es decir, desde la inauguración del primer AVE en el nefasto año 1992, hubiéramos tenido dinero para 8 hospitales nuevos.Esta lógica de rendimientos decrecientes debería hacernos reflexionar sobre el sentido último de la política ferroviaria española que nuestra casta política ha aplicado desde el funesto año 1992. La alta velocidad no solo es cara de mantener, sino que exige trazados muy específicos, con radios de curva amplísimos, fuertes movimientos de tierras, túneles y viaductos de gran impacto ambiental. La fragmentación del territorio, la afección a ecosistemas y paisajes, y la dificultad de integración urbana de estas infraestructuras son costes sociales que rara vez se incorporan de forma honesta al debate público. Además, esas costosas obras son presa fácil para la corrupción, cada vez más dominante en las Administraciones españolas. Frente a ello, el ferrocarril convencional ofrece una mayor capacidad de adaptación al territorio, permite servir a un mayor número de poblaciones intermedias y favorece una red más capilar y cohesionadora, en lugar de una lógica radial y elitista centrada en unos pocos nodos privilegiados.Por otro lado, la cuestión de la seguridad, tradicionalmente asociada de forma automática a la alta velocidad, merece también una revisión más matizada. Si bien el AVE presentaba hasta hace poco excelentes registros en términos de fallecidos, no es menos cierto que las líneas convencionales, especialmente cuando están bien mantenidas y modernizadas, han demostrado históricamente un alto nivel de seguridad para los pasajeros. Los sistemas convencionales permiten una explotación más flexible, con menores exigencias tecnológicas y una mayor capacidad de respuesta ante incidencias, lo que reduce la vulnerabilidad sistémica. La reciente preocupación social por la seguridad ferroviaria pone de relieve que no siempre más velocidad implica más protección, y que la robustez del sistema en su conjunto es tan importante como la sofisticación de sus componentes. Cuando hablamos de seguridad el término "la velocidad mata", tan aplicado al tráfico, parece que se olvida en la alta velocidad.Desde una perspectiva social, la alta velocidad plantea también problemas de equidad. El AVE tiende a beneficiar principalmente a viajeros de larga distancia con mayor capacidad adquisitiva, mientras que el ferrocarril convencional cumple una función social más amplia, dando servicio a estudiantes, trabajadores y pequeñas comunidades que quedan fuera del mapa de la alta velocidad. Apostar de forma casi exclusiva por el AVE implica desatender estas necesidades cotidianas, debilitando el papel del tren como servicio público vertebrador y reforzando una visión del transporte centrada en la rentabilidad simbólica y política, más que en la utilidad colectiva. Además, la liberación del sector impuesta por la globalista y oligárquica UE no ha hecho más que empeorar la situación del tren en España.En definitiva, los datos muestran con claridad que la política del AVE responde más a una lógica de marketing político que a un análisis racional de eficiencia, sostenibilidad e integración social. Ahorrar una hora de viaje a costa de multiplicar los costes de mantenimiento, aumentar el impacto ambiental y reducir la flexibilidad del sistema ferroviario es una decisión que debería ser, como mínimo, objeto de un debate mucho más crítico y transparente. Además, el accidente ferroviario de Adamuz pone en evidencia que la tan cacareada seguridad del AVE no es tal, ya que "la velocidad mata", como nos recuerda machaconamente la DGT, cuya política consiste en reducir la velocidad máxima en las carreteras para evitar las graves consecuencias de choques a altas velocidades.
Revalorizar el ferrocarril convencional, invertir en su modernización y mejorar sus prestaciones sin caer en la obsesión por la velocidad extrema podría ofrecer una alternativa más equilibrada, sostenible y justa. En un contexto de recursos limitados y crecientes desafíos ambientales y sociales, quizá ha llegado el momento de preguntarnos no cómo llegar antes, sino cómo llegar mejor. En este contexto, una rectificación, aunque tardía y costosa económicamente, podría ser una apuesta de futuro por la vertebración de España y el uso racional del dinero público.

